Después de 18 meses de las elecciones en Tazacorte, el considerable caudal de esperanza y confianza con que se recibió el cambio en la Villa y Puerto, ante la descomposición generada por el anterior gobierno de Coalición Canaria-Unión Bagañeta, ha quedado defraudada y reducida a cero.
Si bien era necesario un cambio, incluso imperativo, y este cambio ha tenido algún efecto positivo, muchas de las maneras y costumbres de CC-UB se siguen asumiendo por parte del actual grupo de gobierno. En algunos casos han empeorado, como en el asunto de los sueldos, liberados o la intolerancia con la oposición. Sigue habiendo represalias políticas, una gestión orientada al beneficio de particulares y no al bien común del municipio, así como dejación de los deberes públicos. Por desgracia, los ejemplos son numerosos.
No ha habido mejora del alcantarillado, ni hay planes para hacerlo aun después de la repetición de inundación con aguas fecales de comercios y viviendas. Poco antes de las elecciones se produjo este problema y en la campaña prometieron arreglarlo. Las tapas de las alcantarillas siguen rotas después de muchos meses. Un ejemplo menor, es la no concesión del permiso para instalar un kiosco a Izquierda Unida en las pasadas fiestas de San Miguel, en evidente represalia política. Un feo gesto completamente arbitrario y muy revelador. La lista es larga: El problema de las casas abandonadas era asunto olvidado e ignorado hasta los derrumbes en ocho de ellas, en las pasadas lluvias y no ha se había actuado en ningún sentido, a pesar de que IUC había informado al grupo de gobierno de esta situación. El vergonzoso asunto de la circunvalación, que ha dejado una enorme e impactante cicatriz en un paisaje protegido, donde no se pueden construir invernaderos pero si se puede destrozar, sin sentido ni finalidad alguna, los cultivos más fértiles de Canarias, con el único objetivo de alimentar a grandes empresarios afines al Régimen implantado por Coalición Canaria en las Islas, ahora sostenido también por el PSOE.
La dejación de funciones y las arbitrariedades constituyen una lista larga y prolija. Los estudiantes de la ESO en Tazacorte estudian en aulas sin puertas, prometidas por el ayuntamiento para septiembre. Se fabrican cinco pistas de pádel en El Puerto, cuando el PSOE en la oposición había votado en contra de fabricar dos, porque era deporte para una élite. Esas pistas, de titularidad privada, destruyen una cancha de futbol siete de titularidad pública. ¿Qué hay de socialista en poner lo público al servicio de lo privado?
Los cambios en Tazacorte son, en su mayoría, puramente cosméticos y aun así, ya no engañan a nadie. Es ridículo ufanarse de ser el pueblo donde más se ha creado empleo cuando el paro sigue estando tan alto y además el empleo se ha creado en la agricultura, mientras que el gobierno municipal sigue con el mantra de “el futuro del pueblo es el turismo”. Todos los informes económicos afirman que la escasa diversificación de la economía, es la causa del alto paro, pero no hacen caso. El almacén de Cejas sigue sin un uso agroindustrial, incumpliendo la promesa electoral. No hay fábrica de mojo ni empaquetadora de plátanos. Han vuelto, eso sí, a comprar en comercios locales, pero eso es sólo porque han agotado el crédito, en los comercios de fuera del municipio.
Pero el cúmulo de despropósitos sigue. Recientemente han condenado al municipio por impago. La deuda y la culpa es responsabilidad de CC-UB, el gobierno anterior. Pero la responsabilidad es del gobierno actual que, al no personarse en la causa, no pudo presentar ningún tipo de alegación.
Respecto a la pelea por el PGO ilegal, es la pelea por un pozo seco, ya no hay burbuja inmobiliaria. Otros pueblos, hace meses, han aprobado sus PGO y ¿acaso han reducido por ello su paro? Eso si, constatamos que tanto CC como PSOE y PP han intentado colar un PGO ilegal. El gobierno municipal solo ha rectificado, cuando han recibido varios varapalos judiciales. CC, como es normal en ellos, no consideran un PGO ilegal un obstáculo, ya que sólo obedecen la ley de la jungla.
Resulta una burla impartir cursos de albañilería, cuando lo necesario seria reciclar a trabajadores de la construcción en otros sectores y un absurdo sólo sostenible, desde la más oscura ignorancia, pretender que la emprendeduría, es una opción de empleo para una mayoría.
Desde IUC exigimos que saquen a concurso un puesto de Secretario Municipal exclusivo para Tazacorte, que se hagan planes de promoción de empleo, para crear empleo en este mundo y no en un país multicolor, que se elaboren planes para el alcantarillado, creando una red doble, una para recogida de aguas de lluvia y otro para aguas fecales, que no se conviertan canchas deportivas públicas en canchas deportivas privadas, defendiéndose una promoción del deporte desde lo público, que se cree por fin la fábrica de mojo y la empaquetadora, que se inicien los expedientes de intervención administrativa de oficio por obra ruinosa o se embarguen las casas abandonadas, a cuenta de los impuestos impagados, que se sustituyan las tapas de alcantarilla rotas, y aquí nos paramos, aunque hay un largo etcétera. En definitiva, que se ganen sus aumentados sueldos, pero también exigimos que se los bajen. IUC exige una reducción salarial acorde con la reducción del presupuesto municipal que ha pasado de 9 millones de euros a 5 millones, una reducción en la misma proporción, es decir, en un 40%.
El PSOE tiene que reconocer su corresponsabilidad en parte de la deuda del municipio, concretamente en la que se tiene con Canaragua, pues votaron a favor de la privatización del agua. IUC se posiciona en contra de cualquier privatización de un servicio público, cuyo único efecto es encarecerlo. Si no son capaces de realizar una gestión pública de los servicios, renuncien al cargo.
IUC denuncia públicamente que, durante los últimos días, ha tenido constancia de prácticas que atentan directamente contra la calidad del proceso democrático. Se trata de la retención del DNI a diversos ciudadanos y ciudadanas con el objeto de comprometer su voto a favor de una determinada opción política y con la falsa promesa de un puesto de trabajo una vez concluido el proceso electoral.
