Desde IUC denunciamos como transcurrido un año del comienzo de la erupción volcánica, el acceso a una vivienda por parte de aquellos que la perdieron o que se encuentra en zona de exclusión ha sido uno de los principales problemas que no han resuelto en este tiempo las administraciones implicadas en el llamado proceso de reconstrucción.
La problemática del acceso a la vivienda en nuestro municipio, y por extensión en el Valle de Aridane, no es consecuencia del volcán. La ausencia durante décadas de políticas públicas que permitieran la construcción de nuevas promociones de vivienda pública, la adquisición de inmuebles ya construidos, la salida al mercado del alquiler de aquellas que se encontraban vacías o la regulación de la instalación de viviendas vacacionales ha generado un escenario caracterizado por una limitadísima oferta y unos precios inalcanzables para la mayoría de personas.
Consideramos que una de las medidas imprescindibles para cumplir con el mandato constitucional del derecho a la vivienda pasa por la regulación del precio de los alquileres en los municipios afectados por el volcán, es decir en Los Llanos de Aridane, El Paso y Tazacorte, donde en los últimos meses se ha asistido a un aumento exponencial de los escasos inmuebles que se ofertan para el arrendamiento.
Para IUC se trata de aplicar medidas extraordinarias ante circunstancias excepcionales, articulando legislativamente un procedimiento que permita frenar la especulación existente en el precio de los alquileres en estos municipios. Les corresponde a los gobiernos de España y de Canarias articular legislativamente esta propuesta, pero somos los representantes de la ciudadanía en los municipios afectados quienes debemos plantear propuestas que solucionen la grave situación en la que se encuentran aquellas personas que quieren alquilar una vivienda en el Valle de Aridane.
