Después de la admisión de la denuncia de Izquierda Unida Canaria (IUC) por el Tribunal de Cuentas, también la Fiscalía Provincial acepta la denuncia por malversación de fondos.
La formación de izquierdas muestra su satisfacción por la admisión de la doble denuncia y critica que el PSOE, que suministró la información que llevó a la denuncia, se limitara sólo a una denuncia en los medios de comunicación.
Durante la campaña electoral de las pasadas Elecciones Generales, el candidato de IUC al Congreso por Santa Cruz de Tenerife, José Pérez Ventura, natural de San Andrés y Sauces, prometió denunciar el gasto excesivo en móviles de la entonces ex alcaldesa de Coalición Canaria. Consideraba el candidato y lo respaldaba el partido, que los hechos constituían un posible delito de malversación de fondos públicos.
Meses después IUC presentaba la denuncia en el Tribunal de Cuentas y en la Fiscalía Provincial. Al poco tiempo, el Tribunal de Cuentas aceptó tramitar la denuncia. Recientemente, la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife nos ha notificado que también ha aceptado la denuncia. La Fiscalía actúa iniciando una investigación y cuando concluya, notifica sus resultados. La ex alcaldesa, entonces concejal de la oposición, dimitió tras la denuncia de IUC. Sin embargo, ya no vivía en la Isla y no asistía a los plenos. A pesar de estos hechos Coalición Canaria no le había solicitado el acta de concejal.
La denuncia vino motivada por la revelación mediática, por parte del PSOE una vez accedió a la Alcaldía, de la contratación de hasta 25 terminales de teléfono móvil, entre personal de confianza, concejales y desconocidos, lo que supuso un gasto injustificado, de miles de euros, sólo en 2010, un total de 23.563,59€ en facturas de móviles. Se desconoce a quién pertenecían diez de las veinticinco líneas que el consistorio tenía contratadas. No consta que por parte de los funcionarios municipales con habilitación nacional y funciones de control y fiscalización, se formulara reparo alguno. Tampoco que se iniciara procedimiento administrativo alguno conducente a exigir a la denunciada el reintegro de las cantidades indebidamente satisfechas para el pago de tales servicios de telefonía móvil con cargo al erario público municipal.
IUC aprueba el transcurrir judicial de la denuncia pero no se muestra satisfecha hasta que ésta concluya en una condena ejemplarizante. Izquierda Unida considera que el comportamiento del PSOE, negándose a denunciar los hechos judicialmente viene motivado por su pacto con CC y supone una dejación de sus obligaciones. Recordamos que el PSOE, en la oposición, llegó a calificar de "peseteros" a la alcaldesa, Nieves Dávila, y su grupo de gobierno. Sin embargo, una vez conocida su actuación, la denuncia fue mínima y limitada. Asimismo la actitud de Coalición Canaria, al mantener el acta de concejal a una persona que ya no residía en la Isla y no asistía a los plenos, y al vincular un cargo público y un puesto directivo en una Caja de Ahorros, supone una conducta execrable, un ejemplo del tipo de conductas que nos ha sumido en la crisis.
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