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| Fuente: Cabildo Insular de La Palma. |
Izquierda Unida
Canaria (IUC) en La Palma rechaza que el Cabildo Insular pretenda aprovechar
una modificación de la concesión del servicio regular interurbano de transporte
de viajeros por carretera para suprimir rutas, incrementar tarifas y eliminar
la bonificación de los billetes de la que disfrutaban hasta ahora ciertos
colectivos.
Desde IUC consideramos
que la modificación de la concesión es necesaria debido a la actual falta de
control público que existe sobre el servicio, tal y como han demostrado los
estudios encargados al respecto por el propio Cabildo. Las mejoras previstas en el sistema de rutas que
explota la empresa, anunciadas en los medios de comunicación, como el
incremento de las frecuencias de paso en determinadas franjas horarias, la
renovación de la flota o la implantación de un sistema de apoyo a la
explotación, son básicas para mejorar la calidad del servicio y propiciar un
mayor uso entre la población.
Para IUC no se pueden
aprovechar estas mejoras, que en algunos casos, como las conexiones de guaguas
con puerto y aeropuerto llevamos reivindicando desde 2014, para encubrir la
supresión de rutas que sirven a amplias zonas de los municipios de El Paso y
Los Llanos de Aridane, como el barrio de Las Manchas.
En este caso se les
ofrece a los usuarios como alternativa un sistema de transporte a la demanda
que aún no se ha implantado y del que existen dudas más que razonables que
puede ponerse en marcha a corto plazo. Hemos sido la primera organización
política de la isla en plantear el transporte a la demanda como una solución
para cubrir zonas de la isla con población reducida y dispersa, pero mientras
ese sistema se pone en marcha no se pueden eliminar las únicas opciones de
transporte público existentes.
Los nuevos tramos
kilométricos utilizados para definir las tarifas dan lugar a un aumento del 24%
del precio en los billetes en aquellos recorridos que superan los 20Km, que en
2014, según fuentes del propio Cabildo, suponían un 25% de los viajes. Introducir
mejoras en algunas rutas y combinarlas con un aumento significativo de los
precios no parece la mejor estrategia para captar nuevos usuarios,
especialmente en una isla donde el elevado paro y las bajas rentas limitan la
capacidad de poder adquisitivo de la población.
En ese sentido, la
eliminación de la bonificación del 100% de la que disfrutaban desempleados y
jubilados de rentas bajas (ingresos inferiores a 1,8 veces el IPREM), puede
suponer una notable reducción de la demanda. A partir de ahora, quienes se
encuentran en dicha situación pasan a recibir una bonificación del 70% de los
billetes, lo que puede redundar en un abandono del transporte público. Para IUC
no debe alterarse el planteamiento vigente desde 2014, en donde la gratuidad
del servicio se limitaba a aquellas personas con menos recursos.
Por otra parte, en lo
que respecta a los estudiantes menores de treinta años, convendría distinguir
entre una tarifa joven y otra estudiante. En el caso de la tarifa estudiante,
debe asegurarse la bonificación del 100% del recorrido entre su domicilio y el
lugar de estudio. En ese sentido, pensamos que conviene plantear la tarifa joven,
no como tarifa plana de 25€ mensuales con viajes ilimitados que se plantea,
sino como una bonificación de los viajes individuales superior al 25% e
inferior al 70%.
Finalmente lamentamos
que continúen sin activarse los mencanismos de participación ciudadana
previstos en Ley de Ordenación del Transporte por Carretera, como son los Consejos
Territoriales de Movilidad, con el objetivo de favorecer la participación e
intercambio de ideas de los diferentes agentes involucrados en el transporte
público, incluyéndose a los usuarios. Ello permitiría conocer de manera directa
las necesidades de los usuarios de las distintas rutas, cuya opinión no ha sido
tenido en cuenta en ningún momento, lo que podría redudar en significativas
mejoras que podrían incrementar la demanda.
