Izquierda
Unida Canaria (IUC) en La Palma organizó entre el 22 y el 24 de
agosto las Jornadas Territorio, Turismo y Vivienda en el Salón de
Actos de la Casa de la Cultura de Los Llanos de Aridane, que
finalizaron con la mesa redonda “El alquiler vacacional a debate”.
En la mesa, moderada por David Ramos, Profesor Titular de Geografía
Humana de la Universidad de Salamanca, participaron Pablo Batista, de
La Centinela-Ben Magec-Ecologistas en Acción, Antonio Pérez, de la
Plataforma “Canarias Por Un Territorio Sostenible” y sindicalista
de CCOO y Macià Blázquez, Profesor Titular de Análisis Geográfico
Regional de la Universidad de las Islas Baleares.
En
la presentación de la mesa el profesor David Ramos destacó como
esta modalidad de alojamiento turístico “ha experimentado un
notable auge en los últimos años”, señalando que “según los
últimos datos del Gobierno de Canarias, en 2017 existían 131.000
camas en viviendas vacacionales en Canarias, lo que equivale al 31%
de la oferta reglada de alojamientos en hoteles y apartamentos
turísticos, que superaba en esa fecha las 415.000
camas”.
Por
su parte, Pablo Batista, de La Centinela-Ben Magec-Ecologistas en
Acción, destacó que podría decirse que “el alquiler vacacional
se inventó en La Palma en los años 80 cuando ese concepto no se
había generado”. Tras la llegada a la isla de muchos
centroeuropeos, como consecuencia del accidente nuclear de Chernóbil,
“estas personas, que quisieron buscar un destino lejos de aquella
contaminación, necesitaban un medio de vida, unas rentas, unos
ingresos, que encontraron alquilando parte de sus viviendas a otros
familiares y amigos, algo muy asimilable o comparable a lo que hoy es
en día el alquiler vacacional”, afirmó Batista.
Para
Batista “esta particularidad de los años 80 hace que se mantengan
hoy en día ciertas peculiaridades, como el escapar de los controles
oficiales que cualquier actividad turística reglada está obligada,
ya sea de tipo fiscal, policial o urbanístico”. El representante
de La Centinela-Ben Magec-Ecologistas en Acción afirmó que “el
turismo vacacional tiene la mayoría de los inconvenientes del
turismo convencional, algunos inconvenientes propios y algunas
ventajas”, destacando dentro de las ventajas “el que no requiere
de un nuevo entramado urbano, por lo que en un territorio insular es
importante porque puede limitarse la concepción de nuevos núcleos
turísticos aislados.” Respecto a los inconvenientes, entre otros,
indicó “la turistificación de las ciudades, un fenómeno que en
La Palma hay que verlo con cierta precaución, porque hay
propietarios que han apartado del mercado inmobiliario para uso
residencial determinadas instalaciones para el uso turístico, lo que
puede tener impacto en los precios de la vivienda.”
“La
vivienda vacacional reduce la oferta de alquiler residencial y
expulsa a las personas que estaban en alquiler”
Antonio
Pérez, miembro de la Plataforma “Canarias Por Un Territorio
Sostenible” y sindicalista de CCOO, resaltó “la absoluta
desregulación” del sector en las islas, destacando como la
propuesta de Decreto del Gobierno de Canarias recoge que “cualquier
vivienda de uso residencial se pueda convertir en vivienda
vacacional, sin ningún tipo de límite y unas condiciones mínimas
de habitabilidad, excepto en las zonas turísticas”.
Pérez
destacó, con ejemplos de Las Palmas de Gran Canaria, como “la
vivienda vacacional reduce la oferta de alquiler residencial y
expulsa a las personas que hasta ese momento estaban en alquiler las
viviendas, por la vía de que se acaba el contrato o porque te
encarecen tanto el alquiler que te impide pagarla”. “Las personas
que ocupaban hasta ese momento esas viviendas se desplazan a otros
barrios, que hasta ahora eran ocupados por personas con menos poder
adquisitivo, desplazando a su vez a estas personas, lo que unido a
una ausencia de políticas de vivienda en los últimos años por
parte del Gobierno de Canarias, genera un problema social
importante.” Para Pérez, la vivienda vacacional “produce una
plusvalía mucho mayor que una vivienda residencial, pero no hay
ningún elemento fiscal que haga repercutir esa plusvalía en los
ciudadanos”. Finalmente denunció como “en muchos casos las
condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras que están
atendiendo estas viviendas son inexistentes”.
Macià
Bláquez, Profesor Titular de Análisis Geográfico Regional de la
Universidad de las Islas Baleares, destacó como tras el inicio de la
crisis del 2008 y el estallido de la burbuja inmobiliaria “se
amplía la frontera del negocio turístico con la mercantilización
de
nuevos
espacios, entrando la vivienda en el mercado turístico”. Para
Bláquez “no sólo los pequeños propietarios, sino las grandes
empresas y capitales quieren vivir de rentas, proporcionando la
economía colaborativa una buena coartada a este proceso, sea para
vivir de ellas o para auto explotarte sin un contrato o un salario”.
Las consecuencias de esta modalidad de alojamiento para el profesor
de la Universidad de las Islas Baleares implican una “competencia
por el espacio y por la vivienda, llegando a desahucios, una
competencia con los hoteles en cuanto a la renta por pernoctación o
la no realización inspecciones para determinar si se está haciendo
un uso legal del alojamiento turístico
así como
la expulsión de población residente con menos ingresos”.
