La denuncia de IUC se refiere a la participación del presidente del Cabildo de La Palma, D. Mariano Hernández Zapata, en diversas reuniones para la tramitación de este instrumento de planificación, a pesar de tener que abstenerse de intervenir en el asunto dados los intereses de familiares suyos en los terrenos que van a convertirse en suelo turístico.
En el Pleno, Felipe Ramos, portavoz de IUC, señaló que “tras alertar en el Pleno del 29 de diciembre de 2020 de estos hechos solo ha recibido silencio por parte de las administraciones implicadas en la tramitación del planeamiento, cuando todo parece indicar que lo que deberían es haber iniciado un nuevo expediente si querían seguir tramitando este instrumento de ordenación del territorio.”
Ramos aludió en el Pleno a un requerimiento de subsanación de la institución insular remitido al consistorio llanense en el que a lo largo de 25 páginas no se refiere a ninguno de estos hechos denunciado públicamente por su formación política.
Para Ramos, “desde la Consejería de Ordenación del Territorio y desde sus servicios jurídicos, algo se tendría que decir sobre la obligación de los cargos públicos de abstenerse de intervenir en procedimientos en los que haya vínculos con parentesco de consanguinidad, como sucede en este caso, algo que recogen leyes como la de Régimen Jurídico del Sector Público, la Reguladora de las Bases de Régimen Local y la de Transparencia o la propia jurisprudencia.”
Finalmente, IUC recuerda su rechazo a un planeamiento que afecta a una superficie de 28,25 hectáreas, de las que 21,22, el 75%, están dedicadas al cultivo del plátano en una de las zonas de la isla con mejores rendimientos económicos. De aprobarse el instrumento este suelo rústico se transformaría en urbanizable ordenado turístico, permitiendo edificaciones de hasta 5 plantas y 2.604 plazas turísticas.
