Los candidatos de la formación de izquierdas se comprometen a “no conformar gobiernos locales con desertores de otras fuerzas políticas ni apoyar la formación de grupos nuevos en los que participen cargos declarados tránsfugas”. Apuestan por “ser tan duro con el corruptor como con el corrupto”.
Fernando Tena y Alicia Rodríguez, candidatos a las alcaldías de Santa Cruz de La Palma y Los Llanos de Aridane por Izquierda Unida Canaria (IUC), presentaron en la mañana del viernes 6 de mayo, el “Compromiso Ético por la Regeneración Democrática” impulsado por Izquierda Unida.
El Compromiso Ético surge como respuesta al “goteo de irregularidades en distintas Administraciones Públicas y la acumulación de graves escándalos de corrupción que dañan la credibilidad de las instituciones y de la política, atentan contra el patrimonio público, socavan las bases mismas del sistema democrático, provocan la desafección ciudadana y dan pábulo a la afirmación injusta de que “todos son iguales”, abonando el terreno al populismo”.
Para Izquierda Unida “la corrupción en España ha sido y es inseparable de los desvaríos de un modelo productivo, económico y financiero que ha alimentado la especulación y las prácticas delictivas, especialmente en materia urbanística y en el sector de la construcción”.
Izquierda Unida sigue considerando que la mayoría de políticos son honrados. Es por ello por lo que los candidatos de IUC, al igual que los del resto de la formación en toda España, han asumido los siguientes compromisos:
1. Exigir al Gobierno la regulación por ley de la cuantía de los salarios de los cargos públicos locales. Plantearemos que los mismos se fijen con criterios de transparencia y austeridad y que se hagan públicos de una manera eficaz y accesible.
2. Proponer la creación de la declaración explícita de conflicto de intereses en cada modificación urbanística y proceso de contratación de obras o servicios públicos, de todo aquél que participe en el mismo, sean alcaldes, concejales, o funcionarios. Se realizaría siguiendo el modelo de declaración de conflicto de intereses que se aplica a la investigación científica.
3. Impulsar acuerdo de prohibición para percibir obsequios o invitaciones personales a los cargos públicos o funcionarios municipales. Se creará un Registro Público de Obsequios e Invitaciones Institucionales.
4. Establecer un sistema de dedicación absoluta y de incompatibilidades de todos los altos cargos de Gobiernos Municipales, así como de los miembros de las Comisiones Provinciales y Autonómicas de Urbanismo y Responsables de contratación de Obras y Servicios en relación con responsabilidades o actividades empresariales o profesionales vinculadas al sector de los servicios, la construcción y el urbanismo.
5. Crear el Estatuto del Representante Local, en el que se regulen sus derechos y deberes. En particular, se garantizará que los concejales que se encuentren en la oposición puedan ejercer sus funciones de fiscalización y control de los contratos y adjudicaciones municipales formando parte de los órganos de contratación y facilitándoles toda la documentación e información administrativa.
6. Regular el Registro de Intereses de los responsables públicos a través de una Oficina que será la encargada de la vigilancia y supervisión del estricto cumplimiento de la legislación vigente en materia de incompatibilidades y conflictos de intereses, así como de la custodia de los Registros de Actividades y de Bienes y Derechos Patrimoniales. Se propondrá la obligación de hacer público el contenido de esta Declaración a través de los medios municipales existentes (páginas web, información municipal.
7. Denunciar ante la Fiscalía y colaborar con la Justicia aportando cualquier dato de corrupción que conozcan en el ejercicio de sus responsabilidades como cargos públicos.
8. Asumir las responsabilidades políticas a que hubiere lugar en casos de corrupción, con dimisión cautelar de los cargos públicos y cargos de libre designación en caso de imputación y procesamiento por delitos de corrupción política o urbanística,
9. Impulsar mecanismos de publicidad, control y participación democrática para garantizar la transparencia y la ética en las instituciones, poniendo en marcha mecanismos estables de participación que permitan la intervención y el conocimiento de los ciudadanos y ciudadanas en las decisiones que se adopten en materia urbanística y de contratación. Se harán públicos los procesos de contratación a través de los mecanismos: publicaciones, páginas Web… En esta misma línea solo se delegarán competencias de Pleno en las Juntas de gobierno con carácter excepcional, para garantizar la participación de la oposición en la toma de decisiones y la participación de los ciudadanos.
10. No conformar gobiernos locales con desertores de otras fuerzas políticas ni apoyar la formación de grupos nuevos en los que participen cargos declarados tránsfugas.
La Voz de La Palma del 06.05.2011
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