Izquierda Unida Canaria (IUC) en La Palma considera la privatización de empresas públicas estratégicas, como sucedió en su momento con Transmediterránea, la causa última de la pérdida de la conexión marítima con Cádiz. Pensamos que en el caso del transporte marítimo ha pasado lo mismo que en el aéreo, el sector energético, el de las telecomunicaciones o el financiero. Cuando el Estado abandona un sector económico estratégico, el interés social de determinados servicios se ve relegado por la lógica del máximo beneficio, especialmente cuando ese Estado renuncia a ejercer de forma eficaz su papel corrector de los llamados fallos de mercado.
En este caso concreto, el Real Decreto 1516/2007, que regula las navegaciones de interés público, dejó fuera de las obligaciones de servicio público de transporte marítimo de pasajeros entre la Península y Canarias a los puertos de las islas no capitalinas. La consecuencia de esta decisión se revela de forma dramática siete años después, al perder las islas de La Palma, Lanzarote y Fuerteventura la única conexión marítima de pasajeros con la Península con que contaban. Además, para La Palma la situación es aún más grave, pues desaparecerá una de las tres frecuencias semanales con que contaba para el transporte directo de mercancías con la Península.
La posible supresión de esta línea supone un indicador más de la pérdida de peso de La Palma en el contexto autonómico, lo que nos coloca en una situación de crisis estructural o permanente, en la que los diferentes partidos que se han alternado en el poder nacional, regional e insular son, con sus políticas, corresponsables. ¿Qué hicieron quienes ahora se lamentan cuando el mencionado Real Decreto fue aprobado en 2007? Por otro lado, la pérdida de esa línea constituye un evidente perjuicio tanto para los pasajeros que usan la línea marítima en sus desplazamientos, como para el transporte de mercancías, algo que afecta especialmente a una Isla donde la exportación agrícola constituye un elemento fundamental de su actual modelo de desarrollo económico.
IUC considera que la línea Cádiz-Canarias de Acciona Transmediterránea ha sido degradada en cuanto a horarios, tarifas y barcos en comparación con la otra línea existente entre la Península y las Islas. Resulta sorprendente comprobar como la Naviera Armas, sin subvención del Estado, ofrece un mejor servicio, en los aspectos anteriormente señalados y que, paradójicamente, no ha pujado nunca por la obtención de la Obligación de Servicio Público.
Por todo ello, IUC en La Palma exige la modificación del Real Decreto 1516/2007 para que incluya a los puertos de las islas no capitalinas dentro de las obligaciones de servicio público de transporte marítimo de pasajeros entre la Península y Canarias. Además pedimos medidas que garanticen la conexión de las islas no capitalinas si se aprueba el contrato entre el Estado y la naviera en su formulación actual. En esta línea, a través del Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, preguntaremos al Gobierno por las razones que han llevado a eliminar las conexiones con Santa Cruz de La Palma, Arrecife y Puerto del Rosario, el volumen de pasajeros y mercancías transportados, su tasa de ocupación y los resultados económicos de la explotación del servicio (ingresos, gastos y nivel de compensación del Estado).
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