Izquierda Unida Canaria (IUC) en Los
Llanos de Aridane considera que casi cinco años después de su aprobación y más
de uno de la formación de un nuevo gobierno municipal, es tiempo más que suficiente
para que el Ayuntamiento llanense cumpla con la Ley 52/2007, conocida como Ley
de la Memoria Histórica, y proceda a retirar el escudo franquista que preside
la Cosa Consistorial y la vidriera interior que da acceso a la segunda planta
del edificio.
Para IUC resulta paradójico que una
institución como la Iglesia Católica, que tan beligerante contra el desarrollo
de la Ley se mostró, retirara una placa de exaltación de la sublevación situada
en la Parroquia de Nuestra Señora de Los Remedios, mientras que dos gobiernos
municipales de distinto signo político han sido incapaces de cumplir con el
mandato legislativo.
De lo que se trata es de, siguiendo
el preámbulo de la citada Ley, “contribuir a cerrar heridas todavía abiertas en
los españoles y a dar satisfacción a los ciudadanos que sufrieron, directamente
o en la persona de sus familiares, las consecuencias de la tragedia de la
Guerra Civil o de la represión de la Dictadura”. Heridas que no pueden cerrarse
en nuestro municipio cuando la primera institución llanense mantiene la
simbología de una Dictadura que, en el marco de una brutal represión, asesinó a
cientos de miles de personas.
La propuesta se enmarca dentro de
una serie de medidas, presentadas por IUC en el programa electoral de las
Elecciones Municipales de 2011, encaminadas a conseguir un ayuntamiento más
democrático, transparente y participativo. En este sentido, IUC vuelve a
plantear, aprovechando el proceso de redacción del reglamento de Participación
Ciudadana, la necesidad de cambiar el horario de los plenos con el objetivo de
que un mayor número de vecinos puedan asistir y, cuando en Reglamento esté
aprobado, participar en las sesiones.
Participación en la vida municipal
que para IUC en Los Llanos de Aridane no debe quedarse sólo en el referido
reglamento. Así, consideramos necesario que se establezcan los cauces
necesarios para que los ciudadanos puedan participar en la planificación, toma
de decisión, desarrollo y ejecución de las políticas públicas y en la gestión
de los servicios públicos, confluyendo en la aplicación de presupuestos
participativos y en la celebración de audiencias públicas sobre temas de
interés general.
