IUC en La Palma apoya la semana de protestas contra la política educativa del PP y la Huelga General de la enseñanza del 24 de octubre

La formación de izquierdas anima a toda la ciudadanía de la Isla a manifestarse contra los recortes en educación el próximo jueves, 24 de octubre, a partir de las 19:00 horas en la Plaza de España de Santa Cruz de La Palma. Para IUC “sobran motivos” para participar en apoyo de las acciones convocadas por la comunidad educativa contra los recortes y frente a las contrarreformas educativas impuestas sin ningún tipo de consenso por el PP.

Izquierda Unida Canaria (IUC) en La Palma secundará las acciones convocadas por la comunidad educativa como respuesta unitaria contra los recortes y frente a las contrarreformas educativas del PP, participando en la Huelga General de la enseñanza del próximo jueves, 24 de octubre, y en la manifestación que tendrá lugar ese mismo día en Santa Cruz de La Palma.

Consideramos que sobran motivos para participar en la primera semana de protestas unitarias de este curso escolar 2013-2014, ya que estas movilizaciones suponen una respuesta a los recortes presupuestarios superiores a los 5.000 millones de euros llevados a cabo por el Ministerio de Educación que han supuesto, entre otras medidas, el recorte de becas, el despido de casi 60.000 docentes, la no renovación de los contratos de más de 4.000 docente e investigadores universitarios, la casi supresión de ayudas para libros, becas de comedor o la pérdida de recursos para la atención a la diversidad del alumnado.

El Gobierno del PP, desde su ideología netamente mercantilista está acelerando un proceso privatizador, comenzado años atrás, con el objetivo de convertir la escuela pública en subsidiaria de la privada. Los recortes del Gobierno del PP atentan contra la calidad y la equidad de la educación pública, única garante del derecho universal a la educación en condiciones de igualdad. Desde Izquierda Unida denunciamos que la aplicación de las medidas que se recogen en la LOMCE supondría el principio del fin del modelo de educación pública que se ha ido conquistando durante décadas, y su paulatina sustitución por un sistema educativo mercantilizado, cuya calidad estaría íntimamente relacionada con el poder adquisitivo de las familias. Estamos, por tanto, ante una reforma que excluye como meta la igualdad y el trato igualitario a las diferentes realidades sociales.

Las reválidas, la elección obligada de itinerarios segregadores a edades tempranas, el control externo de lo que hay que aprender/enseñar, la financiación de los centros según resultados, la eliminación de la Prueba de Acceso a la Universidad y la introducción de exámenes de acceso en cada Universidad sin intervención alguna por parte de la Administración, la utilización de becas-crédito a estudiantes por empresas privadas o la ausencia de participación democrática en la gestión de los centros educativos supondrían otro ataque sin precedentes a la igualdad y a la equidad en educación.

IU viene reclamando hace meses en el Parlamento y en la calle, junto a la comunidad educativa y amplios colectivos sociales, la retirada del proyecto de LOMCE, para impulsar un proceso de diálogo con todos los sectores de la comunidad educativa que permita elaborar un diagnóstico compartido sobre los problemas reales de nuestro sistema educativo y adoptar medidas para mejorar su calidad con equidad, asegurando en todo caso los recursos necesarios para ello.

Izquierda Unida, fiel a su irrenunciable compromiso con la Escuela Pública, seguirá trabajando incansablemente, en las instituciones y en la sociedad, para y por la defensa de un modelo de educación pública inclusiva, igualitaria, laica, de calidad, gratuita y democrática.

IU apoya la Huelga General de educación del 9 de mayo y anima a toda la comunidad educativa a secundarla

El próximo 9 de mayo representantes de todos los sectores de la comunidad educativa (madres y padres, estudiantes y profesionales de la educación) han convocado una huelga general educativa para mostrar su unánime rechazo a los ataques sistemáticos que está sufriendo nuestra educación pública, mediante unas políticas centradas en brutales recortes presupuestarios que superan ya los 5000 millones de euros, y que tienen como objetivo encubierto el desmantelamiento de servicio público educativo, único garante real del derecho universal a la educación en condiciones de igualdad.

A ello se suma el empecinamiento del ministro Wert, alentado por el lobby eclesiástico, por seguir adelante con su proyecto de LOMCE (Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa), a pesar del rechazo que viene cosechando en amplios sectores de la comunidad educativa y del varapalo recibido recientemente desde el Consejo de Estado, cuyo dictamen sostiene, entre otras muchas objeciones sobre aspectos centrales, que ni se necesita una nueva ley de educación para aplicar los cambios que se pretenden introducir, ni es de recibo plantearla sin un amplio acuerdo con el conjunto de las fuerzas políticas y sociales.

Desde Izquierda Unida entendemos que la aplicación de las medidas que se recogen en el Anteproyecto de LOMCE supondría el principio del fin del modelo de educación pública que se ha ido conquistando durante décadas, y su paulatina sustitución por un sistema educativo mercantilizado, cuya calidad estaría íntimamente relacionada con el poder adquisitivo de las familias.

La LOMCE pretende extender y potenciar territorios escolares reservados a la élite, excluyendo a su vez a las hijas y los hijos de la clase trabajadora a la hora de acceder a determinados niveles y centros educativos. El propio bachillerato supondría importantes gastos que no toda la ciudadanía podrá costear, por no hablar de los aumentos, que ya estamos sufriendo, de las tasas Universitarias o los desorbitados precios de másteres y cursos de postgrado.

Las reválidas, la elección obligada de itinerarios segregadores a edades tempranas, el control externo de lo que hay que aprender/enseñar, o la ausencia de participación democrática en la gestión de los centros educativos supondrían, sin lugar a dudas, otro ataque sin precedentes a la igualdad y a la equidad en educación. También se quieren potenciar centros de diferentes niveles según los contextos socioeconómicos, fomentando la especialización y “excelencia” de unos en detrimento de otros, en lugar de garantizar el derecho universal a una educación de calidad para todos y todas. Además esa especialización estará más ligada a intereses privados empresariales y de “los mercados,” que a la formación integral del alumnado.

Y todo ello se enmarca en un proceso de continuos recortes que atacan directamente la calidad de la educación pública: aumento de ratios de alumnado, reducción drástica de personal docente, eliminación o reducción de becas y ayudas, presupuesto irrisorio en las partidas destinadas a formación, investigación…

IU viene reclamando hace meses, junto a amplios colectivos sociales, la retirada inmediata del anteproyecto de LOMCE; exigencia que tras el dictamen del Consejo de Estado debería llevar al Gobierno Rajoy a no dilatarla más, y a impulsar un proceso de diálogo con todos los sectores de la comunidad educativa para elaborar un diagnóstico compartido sobre los problemas reales de nuestro sistema educativo y las medidas que pueden mejorar su calidad con equidad, asegurando en todo caso los recursos necesarios para ello y aplicando un “rescate” a la educación pública semejante al que se ha puesto a disposición de las entidades bancarias.  

El Área Federal de Educación de Izquierda Unida quiere manifestar públicamente su total apoyo a la huelga del 9 de mayo, tan oportuna como necesaria; y a cuantas movilizaciones sean convocadas contra los recortes y frente a las contrarreformas educativas que quiere imponer el PP, tanto en las enseñanzas básicas y postobligatorias (LOMCE), como en las universitarias, que asimismo han sido objeto de un informe de “expertos” designados unilateralmente por Wert, al margen de la comunidad universitaria y de sus órganos representativos.

Izquierda Unida, fiel a su irrenunciable compromiso con la Escuela Pública, seguirá trabajando incansablemente, en las instituciones y en la sociedad, para y por la defensa de un modelo de educación pública inclusiva, igualitaria, laica, de calidad, gratuita y democrática.