El Ayuntamiento de Los Llanos reconoce más de 1,4 millones de euros en facturas cuyo coste podría ser superior al precio de mercado

El Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane encargó obras, suministros y servicios fuera del procedimiento legal establecido por importe de 1.407.589,36 euros, entre los meses de febrero y julio de este año, en facturas de las que la Intervención de Fondos en un Informe presentado en el último Pleno ordinario “no puede pronunciarse sobre si su precio se ajusta o no al precio de mercado debido a la no aportación por parte del órgano gestor de presupuestos, valoraciones y justificaciones asociados a los respectivos gastos, y la existencia de facturas que para un mismo servicio, el precio unitario entre proveedores varía sustancialmente.”

Estos gastos fueron incluidos en el reconocimiento extrajudicial de crédito que por importe de 2.816.119,88 euros fue aprobado el pasado 28 de julio con los votos a favor de PP y PSOE, la abstención de CC, y el voto en contra de IUC. Se trataba de un total de 1.048 facturas que no contaban con crédito para ser pagadas por el Ayuntamiento en el momento de su tramitación.

Con la aprobación de este expediente, que no es una operación de crédito como el grupo de Gobierno del PP ha querido trasladar a la opinión pública, el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane incorpora estas facturas al presupuesto de gastos, pero a día de hoy no cuenta con financiación para garantizar su pago en los próximos meses.

IUC considera muy grave que el Ayuntamiento vaya a abonar facturas en las que se observan variaciones sin justificar entre proveedores de un 20% en los precios del coste de la mano de obra o un 40% en maquinaria. En este mismo sentido se han reconocido facturas de una obra de acondicionamiento de una parcela municipal de la que sin proyecto o presupuesto se certifican como buenas las cantidades aportadas por el contratista. Para todo ellas, desde Intervención “se estima pertinente la revisión del acto” administrativo.

Para IUC “el reconocimiento extrajudicial es un mecanismo perverso porque transfiere la responsabilidad de la mala gestión económica de un grupo de Gobierno en el conjunto del Pleno. El Gobierno no cumple con la normativa y para que puedan cobrar las empresas a las que se les encargaron los trabajos se responsabiliza al conjunto de la corporación y no a quienes tomaron las decisiones erróneas.”

“El volcán no ha hecho sino acentuar una gestión económica que desde que el Ayuntamiento eliminó en 2017 la deuda que hasta entonces había ha centrado sus esfuerzos en la reducción de tasas e impuestos municipales y en un gasto corriente desorbitado, frente por ejemplo a la realización de obras de inversión. Un gasto corriente basado en la ausencia de procedimientos de contratación, realizada mayoritariamente “a dedo” y el levantamiento periódico de reparos por parte de la Alcaldía o del Pleno, como en este caso,” afirman desde IUC.