El portavoz de IUC, Felipe Ramos, recordó como el volcán había destruido 1.676 edificaciones, 1.345 de uso residencial, de las que una parte cuenta con hipotecas que en la actualidad se encuentran suspendidas por el Real Decreto-ley 20/2021, de 5 de octubre.
Para IUC es necesario realizar los cambios normativos que sean necesarios para que, una vez han desaparecido bajo la lava los inmuebles que se utilizaban como garantía de préstamo y crédito, se produzca la extinción de la deuda hipotecaria contraída. “No parece lógico que los afectados por el volcán sigan pagando por una vivienda que ya no existe o que destinen una buena parte de lo recibido por el Consorcio de Compensación de Seguros a pagar las cuotas hipotecarias pendientes,” señaló Ramos.
Para el portavoz de IUC “la aprobación de la exención de la deuda hipotecaria vendría a ser una medida complementaria al resto de ayudas que se han venido implementando en los últimos meses por las distintas administraciones.” Para Ramos “mantener el pago de las cuotas hipotecarias de lo sepultado por la lava es tremendamente injusto, y no permite poner a todos en la misma línea de salida tras la erupción”, afirmó.
Para Ramos con esta medida “ganan las familias de afectados que se han visto sorprendidos por esta catástrofe natural y solo pierden los bancos, que no han sido capaces en estos años de devolver los miles de millones de dinero público inyectados durante el rescate del sector financiero”.
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