Izquierda Unida Canaria (IUC) denuncia el negocio redondo que supondrá para la empresa adjudicataria la posible privatización del alumbrado público que impulsa el Cabildo de La Palma. Ya en marzo de 2015, desde IUC expresamos nuestro rechazo a la privatización del alumbrado, ya que la búsqueda de un objetivo compartido, como es conseguir una mayor eficiencia energética, no puede servir como excusa para que el Cabildo intente privatizar un servicio público como el del alumbrado de los municipios.
La ciudadanía palmera tiene que ser consciente de que el Cabildo Insular, en caso de llevarse a cabo la privatización, aportará 600.000 euros cada año para trabajos de mantenimiento no incluidos en el contrato. Teniendo en cuenta que se baraja la cifra de 7 años de vigencia del contrato, la institución insular, con cargo a sus presupuestos podría abonar hasta 4,2 millones de euros.
Una cantidad a la que se sumaría la aportada por los Ayuntamientos, que a pesar de privatizar el servicio, aportarán una cantidad anual al Cabildo para sufragar el coste del contrato. Por ejemplo, un municipio como Los Llanos de Aridane tendría que abonar durante cada uno de los años del contrato el gasto en facturación generado durante la anualidad previa a la privatización. Si en 2016 el mencionado ayuntamiento pagó por la facturación del alumbrado público y de los edificios e infraestructuras municipales 145.000 euros, esta cantidad sería transferida anualmente al Cabildo durante los años de vigencia de la privatización.
Para Izquierda Unida los servicios públicos tienen que tener titularidad y gestión pública, no pudiéndose hacer negocio a costa de un servicio básico como el alumbrado público, en el que siempre hemos defendido que se pueden llevar a cabo mejoras técnicas que posibiliten una mayor eficiencia energética desde lo público. En este sentido queremos recordar a los Ayuntamientos que existen fórmulas de financiación a las que pueden acogerse, como las ayudas del Ministerio de Energía para la renovación de las instalaciones de alumbrado exterior municipal cuya convocatoria se encuentra abierta, sin tener que recurrir a la privatizar su gestión.
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