Gianny Herrera, candidato al Congreso Diputados. |
Izquierda Unida – Unidad Popular defiende la intervención pública para lograr un cambio en el modelo energético. Nuestra política energética se basa en cuatro grandes objetivos: la lucha contra la pobreza energética; la reforma del sector energético ante la estafa de las eléctricas; un plan de transición justa y, la lucha contra el cambio climático.
Para llevar a cabo un cambio en el modelo energético consideramos imprescindible recuperar para el sector público algunas de las empresas más importantes que ya fueron privatizadas. La energía es un sector estratégico para cualquier país y es natural que sea público. En otros países europeos existen empresas energéticas públicas, o con fuerte participación estatal, como EDF en Francia o ENEL en Italia.
En el caso de La Palma consideramos que se dan las condiciones para avanzar en un plan de transición hacia las energías renovables. A pesar de ello resulta inconcebible que la Central Hidroeléctrica de “El Mulato” permanezca fuera de servicio desde el año 2002 y que desde 2012 no se haya sacado a concurso una nueva concesión. Resulta imprescindible duplicar la potencia de energía eólica y solar fotovoltaica instalada, así como explorar el potencial real de la energía geotérmica. En la línea de una menor dependencia de los combustibles fósiles y una reducción de las emisiones de CO2 deberían impulsarse proyectos de energía minihidráulica vinculados a las balsas de Fuencaliente, El Vicario (Tijarafe) y La Laguna de Barlovento.
El cambio de modelo energético que defendemos para Izquierda Unida – Unidad Popular no es posible sin un cambio social y económico, ya que el actual modelo de desarrollo económico está basado tanto en la dependencia del petróleo, como de la gran movilidad de bienes, servicios y personas a escala planetaria.
En este sentido, entre otras propuestas, planteamos combatir la pobreza energética con medidas de autoconsumo y rehabilitación energética, teniendo como medidas urgentes el desarrollo de un bono social y la aplicación de una tarificación social y ambientalmente justa.
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