A ello se suma el empecinamiento del ministro Wert, alentado por el lobby eclesiástico, por seguir adelante con su proyecto de LOMCE (Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa), a pesar del rechazo que viene cosechando en amplios sectores de la comunidad educativa y del varapalo recibido recientemente desde el Consejo de Estado, cuyo dictamen sostiene, entre otras muchas objeciones sobre aspectos centrales, que ni se necesita una nueva ley de educación para aplicar los cambios que se pretenden introducir, ni es de recibo plantearla sin un amplio acuerdo con el conjunto de las fuerzas políticas y sociales.
Desde Izquierda Unida entendemos que la aplicación de las medidas que se recogen en el Anteproyecto de LOMCE supondría el principio del fin del modelo de educación pública que se ha ido conquistando durante décadas, y su paulatina sustitución por un sistema educativo mercantilizado, cuya calidad estaría íntimamente relacionada con el poder adquisitivo de las familias.
La LOMCE pretende extender y potenciar territorios escolares reservados a la élite, excluyendo a su vez a las hijas y los hijos de la clase trabajadora a la hora de acceder a determinados niveles y centros educativos. El propio bachillerato supondría importantes gastos que no toda la ciudadanía podrá costear, por no hablar de los aumentos, que ya estamos sufriendo, de las tasas Universitarias o los desorbitados precios de másteres y cursos de postgrado.
Las reválidas, la elección obligada de itinerarios segregadores a edades tempranas, el control externo de lo que hay que aprender/enseñar, o la ausencia de participación democrática en la gestión de los centros educativos supondrían, sin lugar a dudas, otro ataque sin precedentes a la igualdad y a la equidad en educación. También se quieren potenciar centros de diferentes niveles según los contextos socioeconómicos, fomentando la especialización y “excelencia” de unos en detrimento de otros, en lugar de garantizar el derecho universal a una educación de calidad para todos y todas. Además esa especialización estará más ligada a intereses privados empresariales y de “los mercados,” que a la formación integral del alumnado.
Y todo ello se enmarca en un proceso de continuos recortes que atacan directamente la calidad de la educación pública: aumento de ratios de alumnado, reducción drástica de personal docente, eliminación o reducción de becas y ayudas, presupuesto irrisorio en las partidas destinadas a formación, investigación…
IU viene reclamando hace meses, junto a amplios colectivos sociales, la retirada inmediata del anteproyecto de LOMCE; exigencia que tras el dictamen del Consejo de Estado debería llevar al Gobierno Rajoy a no dilatarla más, y a impulsar un proceso de diálogo con todos los sectores de la comunidad educativa para elaborar un diagnóstico compartido sobre los problemas reales de nuestro sistema educativo y las medidas que pueden mejorar su calidad con equidad, asegurando en todo caso los recursos necesarios para ello y aplicando un “rescate” a la educación pública semejante al que se ha puesto a disposición de las entidades bancarias.
El Área Federal de Educación de Izquierda Unida quiere manifestar públicamente su total apoyo a la huelga del 9 de mayo, tan oportuna como necesaria; y a cuantas movilizaciones sean convocadas contra los recortes y frente a las contrarreformas educativas que quiere imponer el PP, tanto en las enseñanzas básicas y postobligatorias (LOMCE), como en las universitarias, que asimismo han sido objeto de un informe de “expertos” designados unilateralmente por Wert, al margen de la comunidad universitaria y de sus órganos representativos.
Izquierda Unida, fiel a su irrenunciable compromiso con la Escuela Pública, seguirá trabajando incansablemente, en las instituciones y en la sociedad, para y por la defensa de un modelo de educación pública inclusiva, igualitaria, laica, de calidad, gratuita y democrática.
A ello se suma el empecinamiento del ministro Wert, alentado por el lobby eclesiástico, por seguir adelante con su proyecto de LOMCE (Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa), a pesar del rechazo que viene cosechando en amplios sectores de la comunidad educativa y del varapalo recibido recientemente desde el Consejo de Estado, cuyo dictamen sostiene, entre otras muchas objeciones sobre aspectos centrales, que ni se necesita una nueva ley de educación para aplicar los cambios que se pretenden introducir, ni es de recibo plantearla sin un amplio acuerdo con el conjunto de las fuerzas políticas y sociales.
Desde Izquierda Unida entendemos que la aplicación de las medidas que se recogen en el Anteproyecto de LOMCE supondría el principio del fin del modelo de educación pública que se ha ido conquistando durante décadas, y su paulatina sustitución por un sistema educativo mercantilizado, cuya calidad estaría íntimamente relacionada con el poder adquisitivo de las familias.
La LOMCE pretende extender y potenciar territorios escolares reservados a la élite, excluyendo a su vez a las hijas y los hijos de la clase trabajadora a la hora de acceder a determinados niveles y centros educativos. El propio bachillerato supondría importantes gastos que no toda la ciudadanía podrá costear, por no hablar de los aumentos, que ya estamos sufriendo, de las tasas Universitarias o los desorbitados precios de másteres y cursos de postgrado.
Las reválidas, la elección obligada de itinerarios segregadores a edades tempranas, el control externo de lo que hay que aprender/enseñar, o la ausencia de participación democrática en la gestión de los centros educativos supondrían, sin lugar a dudas, otro ataque sin precedentes a la igualdad y a la equidad en educación. También se quieren potenciar centros de diferentes niveles según los contextos socioeconómicos, fomentando la especialización y “excelencia” de unos en detrimento de otros, en lugar de garantizar el derecho universal a una educación de calidad para todos y todas. Además esa especialización estará más ligada a intereses privados empresariales y de “los mercados,” que a la formación integral del alumnado.
Y todo ello se enmarca en un proceso de continuos recortes que atacan directamente la calidad de la educación pública: aumento de ratios de alumnado, reducción drástica de personal docente, eliminación o reducción de becas y ayudas, presupuesto irrisorio en las partidas destinadas a formación, investigación…
IU viene reclamando hace meses, junto a amplios colectivos sociales, la retirada inmediata del anteproyecto de LOMCE; exigencia que tras el dictamen del Consejo de Estado debería llevar al Gobierno Rajoy a no dilatarla más, y a impulsar un proceso de diálogo con todos los sectores de la comunidad educativa para elaborar un diagnóstico compartido sobre los problemas reales de nuestro sistema educativo y las medidas que pueden mejorar su calidad con equidad, asegurando en todo caso los recursos necesarios para ello y aplicando un “rescate” a la educación pública semejante al que se ha puesto a disposición de las entidades bancarias.
El Área Federal de Educación de Izquierda Unida quiere manifestar públicamente su total apoyo a la huelga del 9 de mayo, tan oportuna como necesaria; y a cuantas movilizaciones sean convocadas contra los recortes y frente a las contrarreformas educativas que quiere imponer el PP, tanto en las enseñanzas básicas y postobligatorias (LOMCE), como en las universitarias, que asimismo han sido objeto de un informe de “expertos” designados unilateralmente por Wert, al margen de la comunidad universitaria y de sus órganos representativos.
Izquierda Unida, fiel a su irrenunciable compromiso con la Escuela Pública, seguirá trabajando incansablemente, en las instituciones y en la sociedad, para y por la defensa de un modelo de educación pública inclusiva, igualitaria, laica, de calidad, gratuita y democrática.
