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| Vanesa Catalán interviniendo en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. |
La palmera Vanesa Catalán, miembro de Izquierda Unida Canaria (IUC) y de la Plataforma “Canarias Por Un Territorio Sostenible”, intervino la semana pasada en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo para denunciar el “Incumplimiento de los Tratados de la Unión Europea en la modificación de la Ley 6/2002 del Parlamento de Canarias”.
La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo decidió continuar y ampliar el procedimiento iniciado, a raíz de denuncia de la Plataforma “Canarias Por Un Territorio Sostenible” ante la Comisión Europea, por los incumplimientos del Gobierno de Canarias en la protección del medio ambiente y de la tutela judicial en la elaboración de la Ley turística de las Islas Verdes y la Ley del Suelo.
El Gobierno de Canarias, con el apoyo de los eurodiputados Gabriel Mato (PP) e Izaskun Bilbao (PNV), fracasó en su exigencia de archivar las investigaciones abiertas por Europa sobre las leyes del Suelo y de las Islas Verdes, mientras que el resto de los grupos parlamentarios mostraron sus dudas sobre la legalidad de ambas leyes del Gobierno de Canarias y apoyaron que las peticiones continuasen abiertas.
Vanesa Catalán trasladó a Bruselas la amenaza que supone para la biodiversidad de la isla la modificación de la conocida como la Ley turística de las Islas Verdes, cuando se crean figuras como los denominados instrumentos de planificación singular turística que, en palabras de Catalán, “pueden legitimar, en muy corto tiempo y por la sola voluntad del gobierno insular, cualquier proyecto urbanístico, privado o público, no contemplado por la ordenación territorial o incluso contrario al propio Plan Insular de Ordenación”.
En su exposición, Vanesa Catalán señaló que “a través de dichos instrumentos, esta Ley pretende dar amparo de forma directa a los proyectos y urbanizaciones, como el campo de golf en el Paisaje Protegido de Tamanca, previstos por el Plan Territorial Especial de Ordenación Turística de La Palma y que fueron declarados nulos por el Tribunal Supremo estatal, por haberse tramitado y aprobado sin la correspondiente evaluación ambiental estratégica a la que obliga la Directiva 2001/42/CE”.
Catalán concluyó pidiendo a los eurodiputados que “no permitan que destruyan nuestro territorio, nuestro maravilloso patrimonio natural y paisajístico, nuestro principal recurso turístico, nuestros recursos agrícolas, que corren el peligro de desaparecer, aumentando nuestra enorme y vulnerable dependencia alimentaria del exterior, que ya supera el 90% y se mantiene con subvenciones europeas. Ayúdennos a seguir viviendo en nuestra isla, protegiendo nuestro patrimonio”.
