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| Antonio Érmetes Brito, concejal de IUC. |
El concejal de Izquierda Unida Canaria (IUC) en Santa Cruz de La Palma, Antonio Érmetes Brito, propondrá en el próximo Pleno ordinario la creación de una Comisión de seguimiento de las concesiones administrativas en la que estarían presentes todos los partidos con representación en el consistorio capitalino.
El aumento de la actividad contractual del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, en la que están incluidas las distintas concesiones administrativas de servicios a empresas externas (Abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas, Regulación de los estacionamientos de vehículos en las zonas azules con parquímetros, Servicio de limpieza en colegios públicos y mercado municipal de abastos, Servicios complementarios de limpieza en barrios del municipio, etc.), genera un volumen de actividad con una incidencia no desdeñable en la economía local y en el estado real de las arcas municipales.
Para IUC la gestión privatizada de un servicio público a través de una concesión administrativa no disminuye de ninguna manera la responsabilidad de la Administración por su adecuado funcionamiento; antes al contrario, la responsabilidad se vuelve especialmente intensa cuando el servicio comienza a prestarse por una empresa privada. Los artículos 249 y 279 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP) reconocen a la Administración contratante, con relación a las concesiones administrativas de obras y/o servicios, la potestad de vigilar y controlar el cumplimiento de las obligaciones del concesionario, pudiendo inspeccionar el servicio, sus obras, etc., conservando además los poderes de policía necesarios para asegurar la buena marcha del servicio público que gestione el concesionario. La Administración se constituye pues en garante de la prestación adecuada del servicio público por parte del concesionario y por ello está obligada a controlarlo.
Para Antonio Érmetes Brito “se echa de menos en la organización interna del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma la existencia de un organismo de control a posteriori de la actividad contractual, cuya finalidad, debe ser la de hacer un seguimiento a los contratos municipales que gestionan servicios públicos con el fin de hacer más transparentes las condiciones de ejecución de esos contratos, profundizar en la calidad de su prestación en la ciudad y garantizar el cumplimiento de los objetivos de eficacia, tanto económicos, como sociales y ambientales”. Para el concejal de IUC la comisión “es un instrumento más para reforzar la transparencia de la gestión municipal.”
