Izquierda Unida Canaria (IUC) apoya la concentración contra el acuerdo entre la UE y Turquía que tendrá lugar en La Palma el próximo miércoles, 16 de marzo, a las 19:00 horas frente a la Dirección Insular de la Administración del Estado, en la Avenida Marítima de Santa Cruz.
IUC apoya las concentraciones impulsadas en todas las Islas por “Bienvenidos Refugiados Canarias” contra acuerdo, alcanzado en la última cumbre comunitaria, de que todas las personas extranjeras llegadas a Grecia sean enviadas a Turquía y que sólo aquellas que tengan nacionalidad siria puedan optar al asilo.
Para la portavoz de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo, Marina Albiol, “los jefes de Estado y Gobierno de la UE han decidido institucionalizar las devoluciones en caliente y, tras haber propiciado que fracasara el plan de reubicación, ahora se desprenden del problema mandando a decenas de miles de personas a un agujero negro como Turquía, donde el respeto por los derechos humanos brilla por su ausencia”.
Albiol ha acusado a la UE de “haber jugado todo el tiempo a criminalizar a los refugiados y refugiadas” y de haber “tomado prestado el discurso de la extrema derecha”. Primero, “tratando de diferenciar entre migrantes económicos y personas que huyen de la guerra”. Después, “intentando extender la idea de que existe una relación directa entre refugiados y refugiadas y delincuencia”. Y por último, “haciendo la diferencia entre personas refugiadas de primera y de segunda”.
Izquierda Unida cuestiona la legalidad del acuerdo, ya que al devolver a Turquía a las personas refugiadas y migrantes que alcancen Grecia se les priva de la posibilidad de pedir asilo en la UE, lo que va en contra de la Convención de Ginebra. El Derecho de asilo es un derecho internacional, recogido en el artículo 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, donde se reconoce que “en caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país”. A pesar de ello, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) denuncia anualmente las dificultades que España pone a los solicitantes de este derecho.
