Izquierda Unida Canaria (IUC) denuncia, a través de Felipe Ramos concejal en el Grupo Municipal Mixto, que el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane tenía al cierre de 2021 un total de 1.475.781,10 euros en tasas e impuestos municipales del ejercicio 2017 pendientes de cobro que no podrán ser reclamados, al pasar los cuatro años que recoge la Ley General Tributaria para que una deuda tributaria prescriba.
A pesar de que esta formación política advirtió en agosto del año pasado de la posible prescripción de más de 1 millón de euros en tasas e impuestos municipales, el grupo de Gobierno del PP parece no haber hecho nada por corregir esta situación. Hay que recordar que desde el mes de diciembre de 2020 se encuentra vencido el convenio de colaboración con la empresa de gestión recaudatoria GRECASA, encargada del cobro en vía ejecutiva de los impuestos municipales no satisfechos.
Casi 1 millón de euros, concretamente 922.787,06, corresponden a impuestos directos, como el Impuesto Sobre Bienes Inmuebles, el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica o el Impuesto sobre Actividades Económicas, mientras que 550.578,86 a tasas como la de prestación del servicio de suministro de agua.
En la Liquidación del Presupuesto de 2021 se recogen como en la actualidad existen más de 14 millones de tasas e impuestos pendientes de cobro, de los que más de 10 se consideran de “dudoso cobro”, es decir, de difícil o imposible recaudación, sobre todo porque no pueden ser reclamados por vía ejecutiva al haber prescrito la deuda.
IUC denuncia la calamitosa política económica del PP, en la que una parte de las familias trabajadoras del municipio contribuyen periódicamente con el pago de las tasas e impuestos municipales al sostenimiento de los servicios públicos frente a otros vecinos y vecinas que parece que saben que no les pasa nada si no pagan porque acaban prescribiendo.
El Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, como el resto de administraciones que recaudan impuestos, debe velar porque en nuestro municipio porque se cumpla el artículo 31 de la Constitución Española que recoge como “todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad”, algo que no sucede en la actualidad.