Izquierda Unida Canaria (IUC) en Tazacorte ha interpuesto en días pasados dos recursos contencioso-administrativos contra lo que consideramos conductas antidemocráticas que han sido llevadas a cabo, desde el comienzo de la legislatura, por el Grupo de Gobierno de UB-CC en el Ayuntamiento de Tazacorte.
El primero de los recursos se interpone contra el rechazo del Alcalde, D. Ángel Pablo Rodríguez, de anular el pleno extraordinario del 27 de agosto de 2018 en el que se incumplieron los requisitos formales en la notificación del mismo que se recogen en el artículo 80.3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, no pudiendo intervenir en el mismo nuestro concejal Carlos Martín Rodríguez, por lo que a nuestro juicio se ha producido la vulneración de un derecho fundamental, como es el de la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos a través de sus representantes. Para Carlos Martín, concejal de IUC en el Ayuntamiento de Tazacorte, “ese pleno fue convocado ilegalmente porque no se nos convocó, lo que supone una vulneración de la legislación vigente, que exige para celebrar un pleno la convocatoria en tiempo y forma de los concejales y concejalas que forman la corporación”.
Por otra parte, desde IUC en Tazacorte venimos denunciando desde el inicio de la legislatura la denegación ilegal de documentación por parte del Grupo de Gobierno de UB-CC, lo que vulnera el derecho de participación de nuestra formación política, previsto en el artículo 23 de la Constitución.
Por tal motivo, los recursos contenciosos administrativos interpuestos lo son mediante el procedimiento especial para la protección de los derechos fundamentales, puesto que con su conducta el Grupo de Gobierno de UB-CC impide antidemocráticamente, y mediante la fórmula de denegar sistemáticamente cuanta información se le pide, que por parte de IUC se pueda realizar la labor de control y fiscalización propia de los partidos que se encuentran en la oposición. Hay que recordar que la conducta de ocultación de información y denegación del derecho de participación de IUC en el Ayuntamiento de Tazacorte ha sido reprochada incluso por el Diputado del Común, que en varias ocasiones ha advertido de declararlo obstruccionista por su falta de colaboración con dicha institución.
Para Carlos Martín “el hecho de que nos hayamos visto obligado a interponer estas reclamaciones judiciales se debe a que para Grupo de Gobierno de UB-CC resulta muy fácil pleitear cuando es el Ayuntamiento, sostenido por todos y todas el que asume la defensa jurídica de sus actuaciones ilegales y antidemocráticas, que en lugar de cumplir con la ley”. Para Martín, “deben ser los concejales de UB-CC quienes de su bolsillo paguen los gastos que genere este proceso para el Ayuntamiento, ya que han sido ellos con sus actuaciones las que nos han conducido a la justicia”. “Desde IUC en Tazacorte nos comprometemos a seguir dando la batalla jurídica para que la defensa de los intereses para los que fuimos elegidos por nuestros vecinos y vecinas no se vea entorpecida ilegalmente por actitudes arbitrarias y antidemocráticas como las de UB-CC”, defiende Martín.
