IUC pide explicaciones y responsabilidades por no haber facilitado Los Llanos y Tazacorte información a la Audiencia de Cuentas

Los concejales de IUC en Tazacorte y Los Llanos de Aridane, Carlos Martín, Felipe Ramos y la concejala Mariela Rodríguez piden, en un comunicado conjunto, explicaciones y responsabilidades a los grupos de gobierno de UB-CC y PP por haber obstaculizado la labor de la Audiencia de Cuentas en ambos ayuntamientos.

Ante el anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera del Gobierno de Canarias de que ha retenido fondos a estos dos ayuntamientos "por entorpecer su fiscalización", IUC exige que se convoque de manera urgente a la Comisión de Hacienda de cada uno de los consistorios para que se informe a los Grupos Políticos de por qué desoyeron los avisos emitidos por la Audiencia de Cuentas.

No entendemos qué ha llevado a no facilitar la información necesaria para que la Audiencia de Cuentas pueda llevar a cabo sus investigaciones, ni tampoco por qué si el Gobierno de Canarias llevó a cabo la comunicación de la retención del 2% a los ayuntamientos el pasado 29 de enero no se nos ha informado de esta situación a los partidos políticos, teniéndonos que enterar por la prensa de la sanción.

Para IUC es inadmisible que no se colabore con un órgano de fiscalización de los ayuntamientos como es la Audiencia de Cuentas. Este órgano, dependiente del Parlamento de Canarias, realiza la fiscalización externa de la gestión econónomico-financiera y contable del sector público, entre ellos los ayuntamientos.

La falta de transparencia en esta cuestión hace que si las explicaciones que se nos den en la comisión informativa no sean satisfactorias, pidamos responsabilidades políticas a los responsables de hacienda de los Ayuntamientos de Tazacorte y de Los Llanos de Aridane. Un consistorio con la situación económica del de Tazacorte no puede permitirse dejar de contar con un solo euro para destinar a los servicios públicos, mientras que en el caso de Los Llanos de Aridane, no se puede presumir de eficacia en la gestión económica y luego no cumplir con las obligaciones mínimas de transparencia que la Ley obliga.