Izquierda Unida Canaria (IUC) en La Palma reclama transparencia al Cabildo Insular de La Palma en la gestión del Proyecto Antares y del, por el momento, su principal pilar, el Parque Científico y Tecnológico. Para IUC hay demasiados aspectos sin conocer del Proyecto que llevan a preguntarse el por qué este oscurantismo desde la primera institución insular. Defendemos la diversificación económica de la Isla, pero consideramos que no se puede hacer a cualquier precio. En este sentido, los ciudadanos y ciudadanas no conocemos ni el coste total del Proyecto, ni un documento que recoja los fundamentos del mismo, más allá de una breve referencia en web del Cabildo. Tampoco sabemos si cuenta o no con sede física, o si dispone de un Consejo de Administración o Consejo Rector. Sólo conocemos la existencia de una Sociedad Pública que paga un –a nuestro juicio- escandaloso sueldo al Gerente del proyecto.
La experiencia reciente de la antigua fábrica de tabacos de la JTI en El Paso, que se pretendió convertir en un referente industrial para toda Canarias y finalmente son pocas las empresas que están instaladas allí, nos hace cuestionarnos la rentabilidad de este tipo de iniciativas, especialmente si llevan asociadas la construcción de una serie de infraestructuras, como el Parque Científico. Incluso dentro de esta propia lógica que cuestionamos, de atraer a empresas privadas a unas instalaciones financiadas con dinero público, pensamos que el proyecto del Parque llega tarde en el contexto canario, por lo que el retorno de la inversión planteada se nos antoja muy complicado.
Lo que sí conocemos por el momento, gracias a las informaciones publicadas en los medios de comunicación, es la existencia de dos sociedades públicas. Por un lado el Cabildo constituyó en 2012 la “Sociedad Promotora del Parque Científico y Tecnológico de la isla de La Palma S.L.”, cuyo gerente y consejero delegado coincide con el de otra de las sociedades creadas, la “Sociedad Mercantil de la Isla de La Palma S.L.”. Gerente, que según lo publicado ha llegado a cobrar hasta 120.000 euros brutos al año, cifra hoy reducida a 73.000 euros.
Lo sucedido con otras sociedades gestionadas por el Cabildo nos lleva a preguntarnos si no nos encontraremos ante un “Nuevo Sodepal”, en el que una o varias empresas públicas sirven para colocar en determinados puestos de gestión a amigos y/o familiares de los partidos gobernantes, como en su momento se intentó y que contó con los reparos del Secretario del Cabildo. Si no es así, no se explica cómo un Proyecto que se inicia en 2011 y que tiene una duración de nueve años, carezca a día de hoy de una página web. Un Proyecto que, a día de hoy, sólo ha servido para vender humo, pero que puede hipotecar el futuro de la Isla durante décadas a tenor de las cantidades que se manejan. No en vano, buena parte de la inversión presupuestada podría a contribuir a paliar con otras políticas la grave situación de crisis, paro, pobreza y exclusión social en la que también se encuentra La Palma.
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