Desde IUC consideramos necesario que los Ayuntamientos se doten de una serie de criterios de adjudicación antes de llevar a cabo cualquier campaña de publicidad institucional. A lo largo de esta legislatura hemos visto cómo se han insertado anuncios y cuñas radiofónicas en determinados medios de comunicación, con cargo a la partida de “Publicidad y Propaganda”, dotada con 35.000 euros, sin justificarse adecuadamente el por qué a unos se les otorga publicidad y a otros no.
Defendemos la necesidad de plantear criterios objetivos, como el número de lectores de los periódicos en papel, de visitas en el caso de los medios digitales y de audiencia para televisión y radio. Igualmente nos parece importante introducir criterios sociales, como que las empresas de comunicación beneficiarias de contratos de publicidad por parte del Ayuntamiento estén al día en sus obligaciones laborales con los profesionales de la comunicación.
Se trataría de cumplir con los principios de transparencia, publicidad, libre concurrencia y no discriminación en el acceso a la publicidad institucional, algo que ya garantizan la Constitución Española en su artículo 14, la Ley del Procedimiento Administrativo Común, y la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo, cuando plantea la “inclusión en las campañas de todos los medios de comunicación que cumplan los requisitos generales de tiradas y precio” (Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de marzo de 1991) y “la exigencia de causas excepcionales y justificadas para excluir a un medio de comunicación” (Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de julio de 1994).
Por otra parte, IUC también defenderá en el Pleno una moción para que el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane se adhiera a la Red de Municipios Libres de Tráfico de Mujeres y Niñas, coincidiendo con la celebración el pasado 23 de septiembre del “Día Internacional contra la explotación sexual y la trata de personas”, una fecha que conmemora que un 23 de septiembre en 1913 se promulgó en Argentina la Ley N° 9.143, o “La Ley Palacios”, la primera norma legal en el mundo destinada a luchar contra la explotación sexual.
